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El proyecto de ley de biocombustibles, clave para la energía y el empleo, se estanca en el Congreso. Pymes argentinas alertan sobre el impacto.
La discusión sobre el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles se ha visto nuevamente demorada en la Cámara de Diputados. Durante la sesión plenaria de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, no fue posible emitir un dictamen. La principal razón de este estancamiento radica en la falta de consenso entre el oficialismo y los bloques aliados sobre las condiciones de participación de las empresas productoras de biodiésel en el mercado interno.
El proyecto en cuestión, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca derogar la actual Ley 27.640 para establecer un nuevo esquema regulatorio. Entre sus principales puntos, la iniciativa propone aumentar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas al 15 por ciento y el de biodiésel en el gasoil al 10 por ciento. Además, plantea modificaciones sustanciales en las condiciones de comercialización y competencia dentro del sector.
Preocupación en el Sector PyME
Juan Ignacio Bojanich, director de una empresa local productora de biodiésel ubicada en el Parque Industrial de Junín, manifestó su profunda preocupación. En diálogo con medios locales, Bojanich resaltó las gestiones que han realizado diversos legisladores para atender las demandas de los productores, entre ellos Pablo Petrecca y Cristian Ritondo.
El empresario explicó la situación actual: “Hoy en Argentina, el gasoil contiene un 7,5 por ciento de biodiésel. Según la ley vigente, solo 25 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el país, que no poseen integración con la producción de materia prima, están habilitadas para producirlo. El nuevo proyecto, con media sanción, permitiría el ingreso al mercado interno de las grandes aceiteras y oleaginosas, que son precisamente nuestras proveedoras de materia prima. Esto nos obligaría a competir con un precio accesible para las petroleras, directamente contra quienes nos abastecen.”
Bojanich enfatizó la desventaja logística de las PyMEs, señalando que mientras ellos deben trasladar la materia prima, las grandes empresas a menudo cuentan con conexiones directas. Aproximadamente 25 PyMEs se verían afectadas, muchas de ellas concentradas en la provincia de Buenos Aires, donde se produce cerca del 40 por ciento del corte total. El impacto se sentiría con mayor fuerza en las plantas alejadas de los centros de producción de materia prima, como Rosario.
Impacto Laboral y Propuestas de Segmentación
La planta de Junín, que inició sus operaciones en marzo de 2012, genera entre 45 y 50 puestos de trabajo directos. Si se extrapola esta cifra al total de las 25 PyMEs afectadas, la propuesta legislativa podría poner en riesgo entre 9.000 y 10.000 empleos, tanto directos como indirectos, a nivel nacional.
Desde el sector PyME, no se oponen a una nueva ley que extendería la vida útil del comercio de biocombustibles hasta 2041 (la actual ley vence en 2030). Sin embargo, Bojanich subrayó la necesidad de introducir modificaciones que permitan la creación de dos segmentos de mercado: uno donde puedan competir las PyMEs y otro para las grandes oleaginosas, asegurando así una competencia equitativa.
El empresario agradeció el apoyo y la disposición de legisladores como Pablo Petrecca y el diputado nacional Cristian Ritondo, quienes se han puesto a trabajar con ellos, comprendiendo la complejidad de los cambios propuestos. Destacó la buena recepción y atención por parte de diversos diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires, quienes han escuchado atentamente el reclamo del sector.
