Cómo es el proyecto del Gobierno que desregula el mercado inmobiliario

La iniciativa es promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El proyecto propone eliminar varias de las restricciones vigentes para el ejercicio del corretaje y habilitar una mayor participación de personas jurídicas y plataformas digitales en el mercado inmobiliario.

Qué requisitos se exigirían para ser corredor


Según la iniciativa, para ejercer el corretaje inmobiliario solo sería necesario ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en la Argentina.

De esta manera, el proyecto dejaría atrás los requisitos vinculados con la matrícula profesional y otras exigencias establecidas por normativas provinciales y colegios profesionales.

Además, la actividad podría ser desarrollada tanto por personas humanas como por personas jurídicas. También se habilitaría expresamente el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios.

Qué funciones tendrían los corredores


La iniciativa también amplía y redefine las atribuciones de los corredores inmobiliarios. Entre otras funciones, podrían:

  • Realizar tasaciones.
  • Solicitar informes registrales y catastrales.
  • Otorgar garantías en operaciones.
  • Representar a una de las partes en la ejecución de un negocio.
  • Prestar servicios inmobiliarios a través de plataformas digitales.

Libre competencia y honorarios


Otro de los ejes centrales del proyecto es que cualquier regulación sobre el corretaje deberá respetar los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia.

En ese marco, la propuesta considera incompatibles con esos principios las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada y la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones.

El texto también prevé derogar artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial relacionados con el régimen vigente de los corredores.

Si el proyecto es aprobado, implicaría un cambio estructural en el mercado inmobiliario argentino, al flexibilizar el ingreso a la actividad, ampliar la participación de empresas y plataformas digitales y reducir la intervención regulatoria sobre el sector.

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