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La Justicia federal sancionó al Gobierno con una multa diaria por no cumplir con el financiamiento universitario, afectando salarios y becas.
La Justicia Federal ha dictaminado una sanción económica significativa contra el Gobierno Nacional. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, impuso una multa diaria de $100.000 al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar crucial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta drástica decisión judicial, emitida recientemente, responde a un prolongado reclamo por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Dicho organismo ha denunciado la falta de actualización en los salarios de docentes y personal no docente, así como una notoria escasez de fondos esenciales destinados a becas estudiantiles, afectando directamente la operatividad y el bienestar de las casas de estudio y sus alumnos.
Detalles de la Resolución Judicial
La resolución subraya que, dada la persistencia del incumplimiento, se ha hecho efectivo el apercibimiento previamente dispuesto. La aplicación de estas «astreintes» diarias al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación se fundamenta en las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 5° de la Ley 27.798.
Aunque el monto inicial de la multa se fijó en $100.000 diarios, el magistrado ha dejado abierta la posibilidad de que esta cifra, así como los funcionarios alcanzados, puedan modificarse si el incumplimiento se prolonga en el tiempo. Esta medida busca presionar al Poder Ejecutivo para que acate la disposición judicial sin más dilaciones.
El juez Cormick ya había intimado al Poder Ejecutivo en una instancia anterior, otorgándole un plazo de cinco días para cumplir. Ante la ausencia de registros de pago y tras el vencimiento de dicho plazo, se procedió a hacer efectiva la sanción anunciada. Es importante destacar que, si bien la gestión del presidente Javier Milei ha apelado el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 –con el cual se intentó anular la Ley de Financiamiento–, el juez fue enfático al afirmar que la medida cautelar en cuestión «continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio», habiendo sido convalidada previamente por la Corte Suprema de Justicia.
Esta situación pone de manifiesto la tensión entre los poderes del Estado y la firmeza del Poder Judicial en garantizar el cumplimiento de las leyes y el correcto financiamiento de la educación superior en Argentina.
