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Se trata del organismo que se encarga del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.000 trabajadores en el pais
El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación mediante la Ley Bases, cuya finalización opera el próximo 8 de julio de 2025.
Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión será publicada en el Boletín Oficial de este martes y dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Cabe destacar que la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por el vocero presidencial, que afirmó que «La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”. Adorni aseguró que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”. Cabe destacar que debido a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno, no se realizó ningún tipo de inversión en obra pública desde diciembre de 2023.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también participó de la conferencia, aseguró que el Gobierno no buscará “prorrogar las facultades delegadas como hacía el kirchnerismo”. Es de destacar con la vigencia de la Ley Bases y el DNU 70/2023, las políticas de desregulación implementadas desde esta cartera ministerial afectaron al empleo público, los derechos del Trabajo a partir de la reforma laboral, así como los precios en alquileres, entre otros.
