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La Cámara Alta sancionó un nuevo proyecto de ley que modifica el sistema de movilidad jubilatoria, después de que la iniciativa obtuviera media sanción en Diputados el pasado 5 de junio. Este proyecto de ley establece una serie de ajustes en las jubilaciones, buscando compensar la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados experimentaron desde enero. Además, incluye cambios significativos en la fórmula que se utiliza para la actualización de los haberes jubilatorios.
Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de estos cambios en el sistema de movilidad jubilatoria implicará un gasto adicional del 0,45% del Producto Bruto Interno (PBI) a lo largo del año. Este incremento en el gasto se suma a las preocupaciones sobre el equilibrio fiscal del país y ha generado un intenso debate en torno a las implicancias económicas de la medida.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Alta con el objetivo de mejorar las condiciones para los jubilados, quienes han enfrentado dificultades debido a la pérdida del poder adquisitivo. La recomposición de las jubilaciones busca mitigar el impacto de la inflación y garantizar que los jubilados mantengan un nivel de vida adecuado.
Sin embargo, la medida ha encontrado oposición en el ejecutivo. El presidente Javier Milei, en una serie de publicaciones en la red social X durante el mes de julio, adelantó su intención de vetar la iniciativa parlamentaria. Milei expresó que no está dispuesto a comprometer el equilibrio fiscal del país y advirtió que defenderá la estabilidad financiera a través del veto si es necesario.
El veto de Milei podría tener un impacto significativo en la implementación de la nueva ley y en el futuro de las políticas jubilatorias. La decisión del presidente genera incertidumbre sobre cómo se resolverá el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo en torno a la cuestión de las jubilaciones y el gasto público.
A medida que la situación se desarrolla, se espera que el debate continúe en el Congreso y en la opinión pública, con ambos lados presentando sus argumentos sobre las mejores maneras de abordar la movilidad jubilatoria y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. La resolución de esta cuestión será crucial para el bienestar de los jubilados y para la estabilidad económica del país.
