El Gobierno desmanteló la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad

El Gobierno ha tomado una medida controvertida al desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) mediante el decreto 727/2024, firmado por Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona. Esta decisión, que marca un punto crucial en la política de derechos humanos, impide a la Comisión llevar a cabo investigaciones y acceder a archivos del Estado relacionados con la desaparición de niños como consecuencia de las acciones del terrorismo de Estado.

En la fundamentación del decreto, se argumenta que la Comisión invadía las competencias del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos delictivos. Según el Gobierno, esta interferencia afecta la separación de poderes, un principio clave en la estructura del Estado de derecho. Este argumento sugiere una preocupación por mantener una estricta división entre las funciones de diferentes entidades gubernamentales.

Además, el decreto sostiene que la existencia y el accionar de la CONADI contravienen varios artículos de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias. En específico, se señala que la Comisión infringía las normativas establecidas en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución, que regulan la organización y funciones de los poderes del Estado.

El boletín oficial del Gobierno pide explícitamente la derogación de la CONADI tan pronto como el decreto sea publicado. Esta solicitud añade una capa de urgencia a la medida y subraya la intención del Gobierno de implementar cambios inmediatos en el sistema de investigación y memoria histórica.

La decisión ha suscitado críticas y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que consideran que la eliminación de la CONADI podría dificultar la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. La Comisión, creada para abordar casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos, ha jugado un papel importante en la preservación de la memoria histórica.

A medida que se desarrolla esta situación, será crucial observar cómo afectan estos cambios al proceso de justicia y a la memoria histórica en el país. La controversia en torno al decreto refleja una tensión entre las prioridades del actual Gobierno y las demandas de justicia y verdad de amplios sectores de la sociedad.

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