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El exintendente de Junín, Pablo Petrecca, fue sancionado por el Tribunal de Cuentas por una compra irregular de luminarias.
El exintendente de Junín, Pablo Petrecca, actualmente en uso de licencia como senador provincial, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitiera un fallo contundente en su contra. La auditoría provincial, detallada en el Expediente N° 3-059.0-2024, desestimó las justificaciones del exmandatario y ratificó la ilegalidad de una operación de compra de luminarias que generó un significativo perjuicio económico para el municipio.
La controversia se centra en la adquisición de luminarias para la ciudad, una operación que, según el Tribunal, se realizó de forma irregular, privando a los ciudadanos de Junín de un ahorro potencial de más de 12 millones de pesos. La maniobra implicó triangular la compra a través de Grupo Junín, una sociedad con participación estatal, para adquirir los productos de un proveedor que ya estaba registrado directamente en el propio Municipio de Junín. Esta intermediación innecesaria encareció considerablemente los costos.
En declaraciones previas, Petrecca había defendido la operación, alegando criterios de calidad, durabilidad y la necesidad de agilizar los procesos ante la inflación. “Compramos un poco más caro, sí. Ahora, ¿compramos lo mejor? Sí, compramos lo mejor”, había expresado, admitiendo de hecho el sobreprecio. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas fue categórico al señalar que esta defensa no explica por qué se omitieron los mecanismos tradicionales de licitación pública o compulsa de precios, diseñados para garantizar la transparencia y la mejor oferta para el Estado.
El entramado de la intermediación y la falta de transparencia
La auditoría desmanteló la coartada de la supuesta provisión estatal, demostrando que Grupo Junín actuó como un mero intermediario. La empresa adquirió las luminarias a QISUR LED S.R.L., y luego las revendió a la Municipalidad. El informe del Tribunal fue explícito: «Nótese que de haberse adquirido las luminarias sin intermediación, el gasto habría ascendido a $ 134.926.664,00, formulando observación al respecto». Esto subraya que la intervención de la empresa de gas local no solo fue superflua, sino que elevó el costo final para los contribuyentes de Junín.
Un punto clave de la acusación es que QISUR LED S.R.L. ya figuraba como proveedora formal de la Comuna bajo el número 3262. Al saltarse los concursos y licitaciones habituales, el Ejecutivo municipal impidió que se generara competencia, malversando recursos que podrían haberse destinado a otras necesidades urgentes de la comunidad. El Tribunal fundamentó su rechazo con severidad: «Esta situación le permitió concluir que la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria actuó como una intermediaria para que la Comuna evada los procedimientos de contratación habituales legalmente establecidos para los Municipios – Concursos y Licitaciones Públicas y Privadas – amparados en una norma legal, cuyo espíritu no fue precisamente vulnerar los principios que deben estar presentes en toda contratación, que son la publicidad, transparencia y competencia, además abonando un mayor precio (…)».
Rechazo definitivo y sanción económica
Pese a los intentos del exintendente de minimizar la gravedad del fallo, la resolución del Tribunal de Cuentas es definitiva y contundente. El organismo desestimó los descargos presentados por el municipio y estableció una sanción económica clara. El ARTÍCULO CUARTO de la resolución «Desaprueba el egreso tratado en el Considerando Séptimo y sobre la base de lo allí expuesto, formular cargo de $ 16.801.639,68 por el que deberán responder en forma solidaria, el Intendente Municipal Pablo Alexis PETRECCA, el Contador Municipal Mauro Alfredo JACOBS y el Jefe de Compras Daniel Alberto BARRENECHEA».
Esta decisión pone de manifiesto una metodología que el propio Tribunal advirtió como potencialmente recurrente en el distrito, abriendo la puerta a futuras auditorías sobre casos similares donde se pudo haber eludido la normativa de contratación pública. La sanción marca un precedente importante en la defensa de la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
