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Gremialistas universitarios rechazan la propuesta de recomposición del 6% y ratifican un paro de 24 horas a nivel nacional.
La tensión entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios escala, con las federaciones sindicales ratificando un paro de 24 horas para este miércoles en todas las universidades nacionales del país. Esta medida de fuerza surge tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano, donde la oferta salarial fue considerada «insuficiente».
El Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición salarial del 6% para el próximo bimestre, dividida en un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Sin embargo, esta cifra fue rotundamente rechazada por los representantes gremiales, quienes exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido y el avance en otros puntos cruciales de la agenda universitaria.
Fuerte rechazo sindical
Desde el Frente Sindical Universitario, la oferta oficial fue calificada con dureza, señalando que la recomposición planteada se encuentra muy por debajo del porcentaje que, según sus cálculos, el Estado adeuda a los trabajadores del sector. Los sindicatos estiman una pérdida acumulada del 31,2% hasta julio, a lo que debería sumarse la inflación correspondiente a agosto.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, tildó la propuesta de «provocación» y subrayó que las organizaciones sindicales esperaban discutir una recomposición sustancial. Entre los reclamos principales se incluyen la recuperación salarial, el tratamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La dirigente también criticó que la oferta gubernamental no esté vinculada a la evolución de la inflación. Anticipó que la medida de fuerza de este miércoles será seguida por una nueva reunión gremial hacia el final de la semana, con el objetivo de definir los próximos pasos en su plan de lucha.
Un conflicto con múltiples aristas
La discusión salarial no fue el único aspecto sin resolver en la mesa paritaria. Las federaciones docentes también exigieron respuestas sobre los compromisos asumidos en junio para el sector preuniversitario y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, especialmente en lo referente a nomencladores salariales y adicionales por formación de posgrado.
A esta lista se suman demandas por mejoras en becas, mayores fondos para gastos de funcionamiento y recursos destinados a los hospitales universitarios, todos ellos considerados esenciales por los sindicatos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior.
Por su parte, Conadu Histórica planteó la urgencia de establecer un mecanismo de actualización salarial que impida que los ingresos queden nuevamente por debajo de la inflación, proponiendo, como mínimo, actualizaciones mensuales ligadas a la evolución de los precios.
Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, afirmó que la negociación «terminó en fracaso» y cuestionó la oferta del 3% para septiembre, considerándola muy alejada de lo que los trabajadores reclaman. Advirtió que la postura oficial podría profundizar significativamente el conflicto en las universidades.
La postura del Gobierno y la intervención judicial
La reunión por parte del Ejecutivo fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien defendió la propuesta oficial. Desde el Gobierno, se remarcó que el incremento del 3% para septiembre se complementa con otro 3% previsto para octubre, sumando un 6% acumulado en el bimestre.
El Gobierno también intentó anticiparse a la medida de fuerza, solicitando que cualquier protesta no afecte el dictado de clases y que se preserve el derecho de los estudiantes a enseñar y aprender, según indicaron desde Capital Humano.
Las federaciones, sin embargo, mantuvieron su decisión de avanzar con el paro y alertaron que la falta de respuestas podría desencadenar nuevas medidas de fuerza. En la representación gremial participaron Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Mientras el cruce entre las partes persiste, la Subsecretaría de Políticas Universitarias propuso retomar las conversaciones en unos días. Paralelamente, la Justicia también ha puesto el foco en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: el juez federal Martín Cormick otorgó al Gobierno un plazo para presentar un informe sobre el grado de acatamiento de dicha normativa.
