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Los ediles presentaron un pedido de comunicación para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires detalle la ejecución de $65.901.576
Los ediles presentaron un pedido de comunicación para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires detalle la ejecución de $65.901.576 asignados durante el ejercicio 2026.
El control sobre el flujo de fondos que la administración de Axel Kicillof deriva a organizaciones sociales en el interior bonaerense ha generado un nuevo foco de tensión política en Junín. En este contexto, el bloque de concejales de Somos formalizó un pedido de comunicación ante el Honorable Concejo Deliberante para exigir que el Ejecutivo provincial, a través del Organismo de Niñez, brinde explicaciones detalladas sobre el manejo de una partida presupuestaria que supera los 65 millones de pesos. La iniciativa busca desentrañar la trazabilidad de los recursos públicos en un contexto donde la rendición de cuentas se ha vuelto una demanda social ineludible.
El cuestionamiento se centra específicamente en el Colectivo Juana Azurduy, una entidad local que opera bajo convenios de subvención con el Estado provincial. Según se desprende de la iniciativa parlamentaria, los ediles buscan determinar con exactitud cómo se ejecutaron los recursos contemplados en la resolución que prorrogó dichos acuerdos para el presente ciclo. La cifra en cuestión, que asciende a 65.901.576 pesos, forma parte del Presupuesto General del Ejercicio 2026 y ha despertado la necesidad de una fiscalización más rigurosa por parte de la representación legislativa local, que sospecha de una falta de claridad en los criterios de asignación.
En los fundamentos del proyecto, los concejales subrayaron que «la transparencia en la utilización de los recursos públicos debe ser la norma rectora y no una excepción administrativa». Por ello, solicitaron expresamente que la Provincia remita un desglose pormenorizado de la aplicación de esos activos dentro del programa de niñez durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026. El objetivo central de la presentación no se agota en el simple seguimiento contable, sino que apunta también a la evaluación del impacto social real que estos desembolsos tienen en la comunidad juninense, midiendo si los servicios prestados guardan proporción con la inversión estatal.
Esta presión por la rendición de cuentas se da en un marco de fuerte debate sobre la eficiencia de la asistencia social y el rol a menudo discrecional de las instituciones intermedias en la gestión de políticas públicas territoriales. Para los impulsores de la medida, resulta imperativo conocer si la inversión millonaria se traduce en beneficios concretos para los destinatarios originales o si existen zonas grises en la cadena de distribución y ejecución que desvirtúen la finalidad del programa. La preocupación radica en que el presupuesto público sea gestionado bajo estándares de máxima publicidad y eficacia, evitando que las subvenciones se conviertan en cajas cerradas ajenas al control ciudadano.
Mientras el pedido de informes aguarda su tratamiento en las comisiones del cuerpo deliberativo, la expectativa se traslada ahora a las oficinas del Organismo de Niñez y Adolescencia en La Plata. La respuesta del Gobierno provincial será determinante para esclarecer si la ejecución de estos convenios se ajustó a derecho y si los fondos cumplieron con la finalidad social para la cual fueron destinados en el presupuesto vigente. La resolución de este conflicto administrativo marcará, sin duda, un precedente sobre cómo se fiscalizan los recursos provinciales en los municipios del interior en el actual año fiscal.
Fuente: Diario Democracia
