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Estuvieron presentes representantes de la Asociación de Taxistas Unidos de Junín (ATUJ).
Representantes de la Asociación de Taxistas Unidos de Junín (ATUJ) mantuvieron un encuentro con concejales para acelerar el tratamiento de una ordenanza. Advierten que la falta de controles sobre las aplicaciones genera una competencia desleal.
La mañana del viernes en el centro de Junín se vio marcada por una ruidosa movilización de taxistas. Columnas de vehículos partieron cerca de las 10:00 desde la intersección de Avenida Circunvalación y Mitre, recorriendo las calles céntricas en una caravana que culminó frente al Palacio Municipal. El objetivo de la protesta fue visibilizar el malestar del sector ante el avance de plataformas como Uber, las cuales, según denuncian, operan sin los marcos legales que rigen para el transporte tradicional.
En el marco de la concentración, dirigentes de la Asociación de Taxistas Unidos de Junín (ATUJ) fueron recibidos por el concejal Javier Prandi y otros ediles. El foco del encuentro fue el proyecto de ordenanza presentado días atrás por el sector, mediante el cual buscan que el cuerpo deliberativo establezca una normativa equitativa. La postura de los taxistas es determinante: piden que a los conductores de aplicaciones se les exijan los mismos controles (libreta sanitaria, antecedentes penales y desinfección) o que, en su defecto, se libere al taxi de la pesada carga administrativa y burocrática que enfrentan actualmente.
Para los propietarios de taxis, la llegada de servicios no regulados licúa el valor de las 113 licencias que existen en la ciudad, inversiones que en su momento fueron realizadas ante el propio Municipio. Para los trabajadores históricos, la irrupción tecnológica no solo representa una caída en la demanda, sino la pérdida total de una inversión de vida frente a la informalidad del nuevo ecosistema digital.
Finalmente, si bien el sector reconoce que la caída de la actividad está profundamente ligada a la crisis económica general —que afecta tanto a taxis como a colectivos—, el malestar radica en la desprotección legal. Ahora, la mirada está puesta en el Concejo Deliberante, de quien esperan una respuesta legislativa que brinde previsibilidad a un servicio que, aseguran, está al borde del colapso por la falta de reglas claras.
foto fuente la verdad
