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El unibloque de La Libertad Avanza de Belén Veronelli presentó un pedido de informes al Ejecutivo para relevar el estado operativo de la fuerza.
La seguridad pública en el partido de Junín se ha convertido en el centro de una nueva disputa política. El unibloque de La Libertad Avanza Oficial, bajo la firma de la concejal Belén Veronelli, formalizó un pedido de informes ante el Honorable Concejo Deliberante. El documento sostiene que el debilitamiento en la prestación del servicio está generando una crisis operativa y social que transforma la inseguridad en una realidad ineludible debido al aumento de la impunidad.
El planteo libertario profundiza en las causas de la reducción del patrullaje, señalando que el abandono de servicio por motivos de salud, traslados o licencias impide que las unidades garanticen la seguridad efectiva en la ciudad. Esta situación, según indica el visto del proyecto, deriva en una sobrecarga del personal activo que conlleva graves consecuencias psíquicas y físicas, tales como depresión, agotamiento crónico o síndrome de burnout. La crítica apunta directamente a la gestión del servicio, recordándole al Ejecutivo que la falta de condiciones adecuadas para cumplir el fin de la seguridad supone una responsabilidad por los daños causados debido a una ejecución irregular.
Un punto central del debate político propuesto radica en el «doble estándar» de responsabilidad que percibe el bloque opositor. El informe destaca que, si bien la Provincia de Buenos Aires tiene la obligación constitucional de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, existe una imposición municipal a través del cobro de una Tasa de Seguridad. El documento subraya que el municipio no es un actor ajeno, ya que coordina recursos, logística y planificación preventiva a pesar de que el mando superior sea de órbita provincial.
Ante lo que califican como reclamos recurrentes de instituciones locales, la edil exige una radiografía detallada de la fuerza al 15 de febrero de 2026. El cuestionario dirigido al gobierno local solicita la cantidad total de personal policial discriminado por dependencias, especificando quiénes están en servicio activo y cuántos se encuentran bajo carpeta médica. Asimismo, el pedido de comunicación requiere transparencia sobre el parque automotor, solicitando el número de móviles operativos frente a aquellos que están en reparación o directamente fuera de servicio.
Finalmente, el proyecto busca que el Ejecutivo se pronuncie sobre la suficiencia de los recursos destinados a la prevención, como las bicipolicías y los agentes de calle, para cubrir los requerimientos actuales del partido. Con la mirada puesta en una solución técnica, el bloque también pide que se determine la cantidad exacta de unidades móviles que se requerirían para alcanzar un nivel de cobertura eficiente en todo el distrito de Junín.
Fuente: Diario Democracia
