La Justicia decretó la quiebra de la Clínica IMEC de Junín y comienza el proceso de liquidación

El Juzgado Civil y Comercial N°1 fijó como fecha límite el 17 de marzo de 2026 para que los acreedores presenten los pedidos de verificación

El Juzgado Civil y Comercial N°1 fijó como fecha límite el 17 de marzo de 2026 para que los acreedores presenten los pedidos de verificación ante la sindicatura. La medida se da en consonancia con el crecimiento exponencial de estos procesos en los últimos tres años, tal y como fuera advertido por Democracia en su nota del 20 de diciembre de 2025.

Con la publicación del edicto de quiebra en la edición de ayer de Democracia, tomó estado público la quiebra decretada de IMEC (Instituto Médico de la Comunidad S.A.), por resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Junín.

La medida fue dispuesta en el expediente N° JU-3090-2024, caratulado “Instituto Médico de la Comunidad SA s/ Quiebra (Pequeña)”, y tiene fecha 26 de noviembre de 2025.  

En el marco del proceso, el Juzgado ordenó al fallido y a terceros que posean bienes de la empresa, su entrega a la sindicatura designada, a cargo del Estudio de Síndicos Di Santo y Asociados. 

El edicto dispone también la prohibición de realizar pagos al fallido y establece la obligación de presentar los libros de comercio y la documentación contable vinculada, junto con la intercepción de la correspondencia, que deberá quedar a disposición del síndico.

En cuanto al cronograma concursal, se fijó como fecha límite el 17 de marzo de 2026 para que los acreedores presenten los pedidos de verificación ante la sindicatura.

Si bien la clínica, que funcionaba en Alsina 224, había cerrado en 2023, se trata de una situación que impacta a nivel local por haber sido un centro de salud de gran relevancia en la comunidad durante muchos años.

Asimismo, el decreto de quiebra de IMEC se da en consonancia con el crecimiento exponencial de estos procesos en los últimos tres años, tal y como fuera advertido por Democracia en su nota del 20 de diciembre de 2025.

Consultado el secretario de ATSA Junín, Héctor Azil, señaló que “al empezar todo el proceso de decadencia había alrededor de 97 o 98 empleados y en el último tiempo habían quedado poco más de 60”, no obstante, aclaró: “Pero desconozco cuantos estén demandando a la empresa”.

“Tengo entendido que la quiebra fue pedida por una deuda de ART y obviamente luego se suman los acreedores que tenga la empresa”, señaló Azil.

Sobre la situación de la quiebra indicó que “a fines de noviembre la Justicia decretó la quiebra, ahora ya hay un síndico porque están en pedido de verificación todos los créditos, es decir las deudas que tenga la clínica tanto de personal, de aportes, proveedores. Luego se liquidarán todos los bienes hasta cubrir estas acreencias”.

Como se refirió en la nota de Democracia mencionada, en los últimos tres años se iniciaron 79 quiebras, según estadísticas oficiales aportadas por la Receptoría General de Expedientes, del Departamento Judicial de Junín. El número sin dudas incluye el proceso de IMEC, iniciado en 2024, cuya quiebra se decretó en noviembre del 2025.

Además la cifra de causas resulta significativamente elevada, con picos en el período comprendido entre 2023 y 2025, con 71 causas iniciadas. 

En tal sentido, durante el período 2018/2019 se registraron 11 quiebras en total (4 grandes y 7 pequeñas). 

En 2019/2020 el número se mantuvo en niveles similares, con 11 casos (3 grandes y 8 pequeñas). En 2020/2021, las quiebras treparon a 16 (1 grande y 15 pequeñas), mientras que en 2021/2022 el total ascendió a 17 (1 grande y 16 pequeñas). 

En 2022/2023 se produjo una baja transitoria, con 8 quiebras en total (1 grande y 7 pequeñas), pero la tendencia volvió a revertirse de manera marcada a partir del año siguiente.

En 2023/2024 se contabilizaron 26 quiebras, todas ellas correspondientes a procesos de menor escala. Finalmente, en el período 2024 hasta el 11 de diciembre de 2025, el número se disparó a 45 quiebras (2 grandes y 43 pequeñas), el valor más alto de toda la etapa analizada por Democracia. 

El análisis consolidado permite advertir que el crecimiento de las quiebras está impulsado por las quiebras pequeñas, que engloba a pymes y personas físicas. 

Las quiebras de mayor envergadura, en cambio, se mantienen en niveles relativamente estables. 

También se registró un aumento de los concursos preventivos, aunque en menor escala, que en total fueron 7. Según el desglose, en 2018 se registró 1 concurso, en 2019 el número ascendió a 6, y luego descendió a 3 en 2020 y 3 en 2021. En 2022 se iniciaron 2, en 2023 no hubo ninguno; en 2024 se contabilizó 1, y en 2025 se registraron 4, hasta el 18 de diciembre. 

La baja cantidad de concursos sugiere, según los profesionales del derecho, que muchas empresas llegan tarde a instancias de reestructuración prevista judicialmente, en atención al elevado número de quiebras. 

En el caso de los cobros ejecutivos, entre 2022 y 2025 se iniciaron 2812 y presentan una fluctuación mayor a lo largo de los años. Así, los datos muestran una curva descendente entre 2018 y 2022, seguida por un fuerte repunte en el último período. 

En los años 2018/2019 se iniciaron 1945 causas, cifra que bajó a 1720 en 2019/2020. Se registraron 1137 en 2020/2021 y 779 en 2021/2022, el nivel más bajo de los años examinados por Democracia. 

En 2022/2023 se observó una leve baja con 877 expedientes, pero el salto más significativo se registra en el período que va de 2024 hasta el 11 de diciembre de 2025, con 1935 cobros ejecutivos iniciados, casi al mismo nivel que los máximos previos revisados. 

Cabe destacar que las estadísticas fueron aportadas por el Departamento Judicial de Junín, que tiene competencia territorial no sólo en la ciudad, sino también en los partidos de Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Lincoln y Rojas.

“La quiebra es una persona física o jurídica, que está también en cesación de pagos, pero es porque lo pide voluntariamente, al igual que con un concurso preventivo, o lo pide un tercero. Entra en una etapa liquidativa”, explicó el abogado Ignacio Farías.

En la quiebra, en concreto, “lo que busca la ley es vender el activo que tiene esa compañía, esa persona. Es decir, vender los bienes que tiene, y el producto de esa venta distribuirlo a los acreedores para que puedan cobrar”. 

Lógicamente, la quiebra resulta la peor situación “para el propio deudor y para los acreedores porque, por lo general, los bienes se terminan rematando, los valores de liquidación son inferiores a los valores del mercado”, advirtió.

Fuente: Diario Democracia

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